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Causa por Sedición
Escrito por Director   
Viernes, 04 de Mayo de 2018 13:48

El STJ Anuló la Sentencia de Casación Sobre los Policías Imputados por Sedición

Según fuentes tribunalicia de la ciudad de Concordia, confirmaron  la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, donde resuelve volver a tratar el caso caratulado Zaragosa, Carlos Daniel y otros; en referencia los demás uniformados que se encuentran dentro de la causa.Se notificó a uno de los Defensores Oficiales Dr. Alejandro Giorgio.Fallo del STJ:


"ZARAGOZA, Carlos Daniel y otros - Sedición agravada y otros s/IMPUGNACION EXTRAORDINARIA".-

[Expte. Nº 4707/2016 // Cám. Casac. Penal, Sala Nº 1, Pná.]

 

///-C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho, reunidos los señores miembros de la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, a saber: Presidente, Dr. DANIEL OMAR CARUBIA, y Vocales, Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y MIGUEL ANGEL GIORGIO, asistidos por la Secretaria autorizante, Dra. Noelia V. Ríos, fue traída para resolver la causa caratulada: "ZARAGOZA, Carlos Daniel y otros - Sedición agravada y otros s/IMPUGNACION EXTRAORDINARIA".-

Practicado oportunamente el sorteo de ley, el mismo quedó conformado de la siguiente forma: Dres. CARUBIA, GIORGIO y MIZAWAK.-

Estudiados los autos, la Excma. Sala planteó las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes las impugnaciones extraordinarias interpuestas?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Cómo deben imponerse las costas?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL DR. CARUBIA, DIJO:

I.- La Cámara de Casación Penal, en fecha 19/5/2016 resolvió HACER LUGAR PARCIALMENTE al Recurso de Casación interpuesto por el MINISTERIO PUBLICO FISCAL y revocó el punto 2 del fallo dictado por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Concordia -a excepción de la absolución de culpa y cargo por el delito de INSTIGACIÓN A LA COMISIÓN DE DELITOS (art. 209 del Código Penal), la que se CONFIRMA en relación a todos los imputados allí mencionados-, revocó el punto 3 y declaró a CARLOS DANIEL ZARAGOZA, autor material y penalmente responsable del delito de LESIONES LEVES EN RIÑA; y coautor material y penalmente responsable de los delitos de SEDICIÓN AGRAVADA y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, todo ello en concurso ideal (arts. 45, 54, 96, 141, 229 y 235, 1er. y 3er. párrs., del Código Penal).-

Asimismo, declaró coautores materiales y penalmente responsables de los delitos de SEDICIÓN AGRAVADA y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, en concurso ideal (arts. 45, 54, 141, 229 y 235, 1er. y 3er. párrs., del Código Penal) a Manuel Leandro COUTINHO, José María BIDERBOS, Juan Manuel ROSAS, Daniel Eduardo CHAVEZ, Diego Federico DIFFERDING, Luis Alberto GOMEZ, Juan Pedro LACUADRA, Alfredo Horacio IMAZ, Luis Roberto Jesús CARLINO, José Orlando TRONCOSO, Hugo Fabricio TRONCOSO, Ricardo Hernán PAREDES, Luis Alberto PAREDES, Andrés Maximiliano PAREDES, Carlos Alcides ROSAS y Romeo Fabián VALDEZ.-

Finalmente, rechazó los recursos de Casación interpuestos por los asistentes letrados de Carlos Daniel ZARAGOZA, Juan Manuel ROSAS, Alfredo Horacio IMAZ, Diego Federico DIFFERDING, Ricardo Hernán PAREDES, José Orlando TRONCOSO, Luis Roberto Jesús CARLINO, Romeo Fabián VAL-

DEZ, Luis Alberto GOMEZ, Luis Alberto PAREDES, Leandro COUTINHO, Daniel CHÁVEZ, Carlos Alcides ROSAS, Maximiliano Andrés PAREDES, Juan Pedro LACUADRA, Hugo Fabricio TRONCOSO y José María BIDERBOS.-

II.- Contra esa sentencia, interpusieron la impugnación extraordinaria prevista en el apartado II del Acuerdo General Nº 17/14 del Superior Tribunal de Justicia de fecha 3/6/14, punto cuarto (hoy: arts. 524 y ss., Libro Cuarto,

Capítulo IV, Sección II, del Cód. Proc. Penal _Ley N° 9754, modif. por Ley N° 10317-) los imputados: Juan Manuel Rosas (fs. 1675/1682), Hugo F. Troncoso, Romeo F. Valdez, José O. Troncoso, Ricardo H. Paredes, Horacio A. Imaz y Luis A. Gomez (fs. 1685/1694vlto.), Carlos Daniel Zaragoza (fs. 1696/1703), Leandro Coutinho, Daniel Chávez, Carlos Rosas, Maximiliano A. Paredes, Juan P. Lacuadra y José Biderbos (fs. 1710/1713), representados por sus defensores técnicos _Dres. Alejando María Giorgio y María Lucrecia Sabella; Enrique Oscar Bacigaluppe; Rubén A. Pagliotto, Guillermo R. Mulet y Damián Petenatti, y Juan José Buktenica, respectivamente, y el acusado Luis A. Paredes (fs. 1704/1708), bajo patrocinio letrado -Dr. Gonzalo Martín Cantallops-.-

II.1.- Los defensores oficiales, Dres. Alejandro Maria Giorgio y María Lucrecia Sabella, articulan impugnación extraordinaria por el imputado Juan Manuel Rosas; plantean la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por la Fiscalía por falta de legitimación para recurrir en virtud de lo normado por el art. 513 del CPPER. Se refieren a las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal al formular su alegato final y a las impuestas por el Tribunal de Juicio y consideran que, al no haberse aplicado una pena inferior a la mitad de la pretendida, el Tribunal de Casación debió declarar inadmisible el recurso interpuesto por el órgano acusador, máxime cuando antes de la resolución atacada se consolidó en la provincia una doctrina jurisprudencial derivada de los precedentes "Coronel" y "Favre" contraria a la postura adoptada en Casación.-

Alegan la violación al principio de congruencia y destacan que, utilizando frases genéricas, vacías de contenido y sin mayores precisiones los vocales rechazaron los planteos formulados. Critican la falta de respuesta a los serios y puntuales cuestionamientos realizados, lo cual demuestra las tremendas falencias e irregularidades que contiene el fallo, que no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido, ya que se intenta infructuosamente y con censurable ligereza, conformar una argumentación que, en sí misma, no logra cumplir siquiera mínimamente, con la obligación constitucional que tienen los jueces de motivar los fallos.-

Denuncian la vulneración del doble conforme y peticionan la anulación de la sentencia recurrida, ordenándose el reenvio de las actuaciones a la Cámara de Casación Penal, a los fines de que, con diferente conformación, se traten nuevamente los recursos de casación interpuestos por las defensas y se dicte un nuevo fallo conforme a derecho.-

II.2.-El Dr. Bacigaluppe _por Hugo F. Troncoso, Romeo F. Valdez, José O. Troncoso, Ricardo H. Paredes, Horacio A. Imaz y Luis A. Gomez- argumenta sobre la arbitrariedad del fallo y precisa que la cuestión queda comprendida dentro del art. 14, inc. 3º, de la ley 48, al contrariarse la validez de un derecho fundado en una cláusula constitucional.-

Opina que es arbitraria la admisión del recurso de casación incoado por la Fiscalía, que carecía de legitimación. Por ende, la decisión de la sentencia de casación es nula de nulidad absoluta, por violar lo dispuesto en el artículo 513 del CPPER; el texto legal es claro y también lo es la doctrina fijada por el STJ en los casos Coronel y Favre, dictados en fecha anterior al presente caso. -

Precisa que los imputados sufrieron condenas por nuevos delitos y penas más duras y convalidar la sentencia equivaldría a sostener que mediante un fraude, se agrava la situación de una persona.-

De manera subsidiaria, critica la condena por sedición agravada por el uso

de armas y la privación ilegítima de la libertad y se agravia de la arbitraria apreciación de la prueba, que se suma a la ya cometida por el Tribunal de Juicio. Cuestiona la aplicación de la agravante del uso de armas prevista en el artículo 235, inc. 3º, del C. Penal y subraya que ninguna autoridad cumplió con los recaudos previstos en el 231 del C. Penal. Se refirió al delito de sedición.-

Habla de la confluencia de los imputados y afirma que el supuesto manejo de los hechos de manera integral es una creación de los acusadores. En esta causa se tuvo por acreditado que los imputados han tenido el dominio del hecho, olvidando que es posible indicar una tercera forma de ejecución del tipo que no es de propia mano, llamado dominio de la voluntad mediante un aparato de poder organizado y es el caso de quien sirve a la ejecución de un plan para una organización jerárquicamente organizada. Acá jamás se determinó quien tuvo el dominio de los hechos y por ello la solución dada es incoherente y no responde a los principios mínimos de legalidad.-

Señala que sus defendidos han sido meros protagonistas de hechos distintos, desprovistos de la unidad que exige el caso, no existió acuerdo; cada cuál hacía lo que quería, mientras algunos ingresaron a unas horas, otros lo hicieron después, mientras algunos reclamaban cosas imposibles, otros se han retirado o no aparecen en escena. Jamás se dijo en qué consistía el pacto y no es lógico vincular a sus pupilos con lo ocurrido, salvo que se pretenda utilizar un derecho penal basado en la responsabilidad objetiva, nacida de la sola cercanía, amistad, compañerismo. Insiste en que se dieron presencias _no participaciones- no esenciales que fueron los pilares sobre los cuales se sostuvo la acusación inicial y no se han referido a la posible coautoría funcional determinando qué hizo cada imputado para lograr el éxito atribuido.-

Critica la valoración de las filmaciones que fueron cuestionadas y menciona que se condena a los imputados en base a los dichos de los jefes a los que de última se los manda a investigar por haber cometido delitos. Esos testimonios deben descalificarse pues los jefes solo ejercitaron su derecho de defensa, cargando sobre el sector más vulnerable de la Policía el total de la responsabilidad, con la intención de salvaguardar su situación.-

Efectúa la reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso planteado.-

II.3.- Los Dres. Pagliotto, Mulet y Petenatti _por Carlos Daniel Zaragoza- analizan y critican la sentencia, resaltando la falta de fundamentación de la conclusión relativa a que Zaragoza cumplió con la conducta típica requerida por el art. 229 del C. Penal de "alzarse en armas" para arrancarle una medida o concesión al Poder Ejecutivo local.-

Estiman que la condena se desentiende de la obligación de tener por comprobado el comportamiento criminal conforme al injusto seleccionado por el Ministerio Público Fiscal, toda vez que no existe una sola prueba que acredite que Zaragoza haya portado un arma o la haya tenido a su disposición durante los episodios que se suscitaron en la ciudad de Concordia los días 8 y 9 de diciembre de 2013. Adicionan que, a lo largo de la sentencia de casación no se hace ninguna mención particular de su defendido, salvo en lo relativo al apartado de lesiones leves dolosas; pareciera que la vocal ponente se ha dejado llevar por la novedosa forma de estructurar la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, omitiendo su deber de comprobar la conducta concreta y particular que se endilga su asistido.-

 

La sentencia cuestionada sólo se expide sobre el agravio relativo al principio de congruencia que entendía violado el recurrente pero nada dice del agravio relativo a que ningún testigo ubicó a Zaragoza haciendo uso de un arma; sólo se hace una mención genérica y abstracta, campeando en la sentencia la íntima convicción. Los jueces se han remitido cómodamente a las explicaciones dadas por la fiscalía en una suerte de razonamiento por delegación de un tercero, pero en la acusación no se menciona a Zaragoza, ni las pruebas que lo tendrían como coautor del delito de sedición, ubicándolo tan solo en el episodio que desembocó en la condena por lesiones en riña.-

Consideran que no se respetó el derecho al recurso del imputado, contemplado en los artículos 8.2.h de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14.5 del PIDC y P.-

Señalan que los tribunales intervinientes dan por acreditada la materialidad del hecho por testigos que declararon que un conjunto indeterminado de personas portaban armas en sus cinturas durante la protesta salarial y por mejores y más dignas condiciones de trabajo, pero sin identificar individualmente a ninguno de los imputados o, al menos, a su pupilo. Destacan que se afectó el derecho de defensa en juicio de Zaragoza, por cuanto esa imputación colectiva, amparada erróneamente en la imputación recíproca es una excusa para justificar la omisión del tribunal de condenar única y exclusivamente sobre una acusación detallada, violándose el principio de responsabilidad subjetiva.-

Como segundo motivo de agravio alegan que se privó a Zaragoza de su derecho de recurrir el fallo condenatorio ante un Tribunal Superior, ya que recibió su primer sentencia condenatoria por los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves en riña y sedición agravada en función del artículo 235, 3er. párrafo, del Código Penal, en la instancia de casación.-

Resaltan que la condena en la instancia de casación hace lugar al recurso de la fiscalía, pero la organización judicial no está adecuadamente reglamentada para contemplar la posibilidad de que una persona que atraviesa un proceso penal reciba su primer condena en segunda instancia.-

Opinan que la sentencia debió haber explicitado cómo colaboró Zaragoza en la privación ilegítima de la libertad de Villalba, cuyo carácter criminal fue descartado por el Tribunal de Juicio, siendo inconciliable con el sentido común que todos los imputados hayan participado de idéntica manera. Esa descripción precisa, detallada y circunstanciada es lo que permitiría defenderse correctamente, mediante alegaciones de hecho y de derecho y hacerlas valer ante un tribunal superior en el caso de tener la posibilidad de interponer un recurso que revise la totalidad de la sentencia. De igual manera, la condena por lesiones leves pasa por alto que no existe ninguna constancia de que las lesiones constatadas a Silva hayan sido producidas por Zaragoza, aspecto éste que merece un profundo análisis fáctico para poder revisarlo y controvertirlo adecuadamente.-

Afirman que la condena en segunda instancia por sedición agravada en razón del 3er. párrafo del artículo 235 del Código Penal, implica afirmar un plus de conducta en los hechos, que también quedan ajenas a ser discutidas en una ulterior instancia revisora.-

Asimismo, mencionan como motivo de agravio, que la pena impuesta a su pupilo fue superior a la mitad de la requerida por el Ministerio Público Fiscal y con ello se activó la restricción recursiva que impone el artículo 513 del CPPER. La Cámara de Casación debió haber declarado mal concedido el

recurso y evitar el dispendio jurisdiccional que significa entrar a tratar los planteos de la Fiscalía cuando no tenía legitimación para agraviarse.-

Destacan que este tema ya fue tratado por el Superior Tribunal de Justicia en las causas "Coronel" y "Favre"; la Cámara de Casación ha pasado por alto esos precedentes sin esgrimir el menor justificativo que la condujeran a apartarse de tal doctrina judicial.-

Denuncian la afectación del ne bis in idem. El recurso de casación del Ministerio Público Fiscal no recayó sobre las absoluciones que a su entender concurrían idealmente con la figura de sedición, sino que su exclusivo interés era que estas figuras _privación ilegítima de la libertad, lesiones, instigación a cometer delitos- se traduzcan en una mayor gravedad de injusto y de pena, su interés era aumentar el quantum de la pena asignada por el Tribunal de Juicio. Efectúan la reserva del caso federal.

II.4.- El imputado Luis Alberto Paredes, con patrocinio del Dr. Cantallops, peticiona la nulidad de la sentencia de la Cámara de Casación Penal, por incumplimiento de la restricción prevista en el art. 513 del CPPER. Se refiere a los precedentes _Coronel_ y _Favre_, que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia dictó en el mes de abril de 2016.-

Alega la violación del principio de congruencia e indica que varias personas que declararon como testigos, fueron luego consideradas partícipes del hecho. Ello conlleva a que, quien depone como testigo y debería ser imputado, pueda realizar una versión de los hechos que lo coloquen en una mejor situación.-

Señala que la sentencia de la Cámara de Casación es nula porque la Fiscalía no estaba legitimada para recurrir y opina que se debió receptar el recurso de casación incoado en su nombre, por resultar afectado el debido proceso legal y el principio de congruencia. Interesa que se haga lugar a la impugnación extraordinaria y se deje sin efecto la sentencia.-

II.5.- El Dr. Buktenica esgrime que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 513, el Ministerio Público Fiscal no podía recurrir en casación la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio y cita los precedentes _Coronel_ y _Favre_ dictados por el Superior Tribunal de Justicia. Solicita se decrete la nulidad del fallo impugnado por violación del código de procedimientos.-

III.- La Cámara de Casación Penal en fecha 1º de julio de 2016 concedió las impugnaciones extraordinarias interpuestas por los Dres. Giorgio y Sabella; Bacigaluppe; Pagliotto, Mulet y Petenatti; Buktenica, y la deducida por el imputado Luis Alberto Paredes, con patrocinio letrado.-

IV.- Celebrada la audiencia prevista en el artículo 515 del Cód. Proc. Penal, aplicable por expresa remisión del artículo 525 del citado digesto, concurrieron: por el Ministerio Público Fiscal, el señor Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge Amilcar Luciano García, y la señora Procuradora Adjunta, Dra. Cecilia Goyeneche; el señor Defensor de Pobres y Menores, Dr. Alejandro Maria Giorgio, defensor técnico de Juan Manuel Rosas; el Dr. Guillermo Mulet, defensor de Carlos Daniel Zaragoza; el Dr. Enrique Oscar Bacigaluppe, defensor técnico de Alfredo Horacio Imaz, Ricardo Hernán Paredes, José Orlando Troncoso, Romeo Fabián Valdez y Luis Alberto Gómez; el Dr. Gonzalo Martín Cantallops, defensor técnico de Luis Alberto Paredes, y el Dr. Juan José Buktenica, defensor técnico de Leandro Coutinho, Daniel Chávez, Carlos Alcides Rosas, Maximiliano Andrés Paredes, Juan Pedro Lacuadra, Hugo Fabricio Troncoso y José María Biderbos.-

IV.1.- En primer término el Dr. Giorgio planteó la arbitrariedad de la sentencia dictada por el Tribunal de Casación.-

 

Analizó la restricción a la capacidad recursiva del Ministerio Público Fiscal estipulada en el artículo 513 del CPPER, que torna inadmisible el recurso de casación interpuesto por esa parte, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Concordia es condenatoria y las penas impuestas a los enjuiciados no son inferiores a la mitad de la solicitada por la acusación pública en los alegatos.-

Mencionó como hechos nuevos el dictado de los fallos _Bredis_ y _Capovila_ por la Cámara de Casación Penal, en los cuales se recepta la postura ya adoptada por el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia en relación a la validez de la limitación procesal del artículo 513 del CPPER. También comentó el rechazo del Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el Procurador General de la Provincia en los autos _Favre_.-

Asimismo, consideró arbitrario el rechazo de los recursos de casación articulados por las defensas de los imputados y reiteró los agravios relacionados con la violación del principio de congruencia y la falta de idoneidad de la conducta endilgada a los acusados para consumar el delito de sedición, puntualizando que la presencia de los diecisiete acusados en la Jefatura de Concordia no impidió el funcionamiento del resto de la fuerza policial.-

Afirmó que la sentencia no es un acto jurídico válido, no se respondieron los agravios planteados por la defensas técnicas y se conculcó la garantía del doble conforme.-

Solicitó que se haga efectivo el efecto extensivo de los recursos en favor de todos los acusados.-

IV.2.- El Dr. Mulet sostuvo y ratificó los términos de la impugnación oportunamente articulada y adhirió a lo alegado por el Dr. Giorgio.-

Reiteró el planteo respecto a la infracción de lo dispuesto en el artículo 513 del CPPER y opinó que no se respetó el doble conforme, consagrado en el artículo 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.-

Adicionó que el fallo atacado contiene una valoración aparente de las circunstancias y pruebas en relación a Zaragoza y con la excusa de la acusación colectiva, se obvió analizar y determinar la conducta precisa de cada uno de los imputados. Resalta que no se puede atribuir a diecisiete personas las conductas realizadas por ochenta y tres.-

Peticiona la anulación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Juicio y Apelaciones y por la Cámara de Casación Penal, ordenándose la realización de un nuevo juicio oral.-

IV.3.- El Dr. Buktenica adhirió también a lo planteado por sus colegas e insistió en la violación de lo dispuesto en el artículo 513 del CPPER. Citó el fallo _Capovila_ de la Cámara de Casación Penal.-

Afirma que es imposible que diecisiete personas impidan el funcionamiento de toda la fuerza policial de la ciudad de Concordia y peticiona se decrete la nulidad de la sentencia puesta en crisis.-

IV.4.- El Dr. Cantallops mantuvo la impugnación extraordinaria deducida y adhirió a lo expresado por los defensores que le precedieron en el uso de la palabra.-

Opinó que la sentencia valoró absurdamente la prueba y que se acreditó que la entrada a la Jefatura fue una reacción ante la acción de Villalba.-

Habló del contexto en el que se produjo el hecho endilgado a los acusados y relató pormenores en relación a la firma del acuerdo con el Gobernador

 

de la Provincia.-

Indicó que el fallo contiene una absurda valoración de la prueba y que es imposible la configuración del delito de sedición. Planteó la afectación de la congruencia y concordó con sus colegas en lo relativo a la aplicación al caso de la restricción establecida en el artículo 513 del CPPER.-

IV.5.- El Dr. Bacigaluppe ratificó la impugnación incoada y adhirió a lo manifestado por el Dr. Giorgio.-

Criticó la calificación legal de los hechos juzgados y consideró que esta causa tiene carácter institucional; afirmó que se condenó a la parte más vulnerable de la policía de la Provincia, porque el Ministerio Público Fiscal desestimó la posibilidad de que se investigue a los jefes policiales.-

IV.6.- A su turno, por el Ministerio Público fiscal, la Dra. Goyeneche aclaró que no se ha interpuesto recurso por el imputado Differding, por lo que la sentencia está firme con respecto a él.-

Contestó el planteo -que estimó genérico- referido a la exclusión de la legitimación del Ministerio Público Fiscal para recurrir y destacó que, recién en esta instancia, los defensores alegan la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por la parte que representa.-

Analizó el artículo 513 del código de rito y expresó que la limitación a la facultad recursiva del Ministerio Público Fiscal no rige cuando existe una absolución. Precisamente, en este caso, el recurso fiscal se dirigió a cuestionar las absoluciones decretadas por el Tribunal de Juicio y esto habilita el recurso, determinando que la relación jurídica procesal haya sido debidamente conformada, lo que se puede revisar en cualquier etapa del proceso penal, conforme la doctrina expuesta por el Superior Tribunal de Justicia Provincial en la causa _Gromenida_.-

Efectuó la reserva del caso federal y estimó que los recursos de la defensas no satisfacen la regla de autosuficiencia y fundamentación autónoma.-

Precisó que el recurso incoado por el Dr. Buktenica se circunscribe a la inadmisibilidad del recurso fiscal, sin cuestionar los hechos ni la calificación legal. Su adhesión al resto de los recursos no respeta los requisitos del artículo 490 del CPPER, porque no tiene motivación suficiente y autónoma.-

Consideró que los recursos interpuestos por los Dres. Giorgio, Mulet, Bacigaluppe y Cantallops contienen planteos contradictorios.-

Respondió el agravio basado en la presunta _incongruencia_ y sostuvo que, desde la apertura del debate, todas las partes procesales conocieron el contexto fáctico imputado y se acusó a los diecisiete imputados, que actuaron en el marco de un proceso colectivo en el que participaron más funcionarios policiales. Explica que la acusación se dirigió contra los aquí imputados porque fueron quienes realizaron individualmente las actividades más relevantes para la consumación del hecho.-

Se refirió a la reconstrucción fáctica de los sucesos y puso de relieve que no está controvertido que los policías ingresaron intempestiva y violentamente a dos lugares cruciales: la Jefatura y el Comando Radioeléctrico de Concordia. Adujo que el planteo de incongruencia es contradictorio con el de la falta de idoneidad de los diecisiete acusados para consumar el delito de sedición. Agregó que los argumentos de la defensa desatienden las reglas básicas de atribución de responsabilidad en los casos de coautoría.-

Remarcó que se acreditó la ultraintención que requiere el tipo penal de sedición -la obtención de una mejora salarial- que se efectivizó con la

firma del acuerdo con el Gobernador de la provincia.-

Con relación a la impugnación articulada por el Dr. Bacigaluppe estimó que el recurso no satisface el requisito de autosuficiencia, se acreditó el uso de armas y ese extremo no fue cuestionado por los letrados recurrentes. El Tribunal de Casación reinterpreta la misma facticidad para tener por comprobada la ostentación de armas. Citó, en apoyo de su postura, los precedentes _Vela_ y _Recondo_, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-

A continuación, abordó el recurso interpuesto por el Dr. Mulet, quien a su criterio, impugna cuestiones fácticas que no habían planteado los anteriores defensores de Zaragoza.-

Analizó las reglas de la coautoría y precisó que no debía indicarse el aporte concreto de Zaragoza.-

Expresó que el recurso del Dr. Cantallops se vincula con la pretensión del Dr. Giorgio y que el resto de las alegaciones efectuadas por el mencionado letrado son inaudibles, su hipótesis ya fue contestada y descartada por el Tribunal de Juicio y el de Casación y no resultan revisables en esta instancia extraordinaria.-

Por su parte, el señor Procurador General de la Provincia, Dr. García, habló de la gravedad institucional del hecho juzgado en estas actuaciones y consideró que fue el más grave desde la recuperación democrática, la condena de los funcionarios policiales responsables sirve como una especie de _nunca más_. Afirmó que es un absurdo arrancarle así a un mandatario provincial una concesión salarial y ese acuerdo era inviable, atento lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución de Entre Ríos.-

Opinó que los hechos probados se corresponden con la verdad real, todo lo ocurrido durante la sublevación policial quedó filmado, como bien se explica en la sentencia del Tribunal de Juicio.-

Relató el caos en el que quedó sumida la ciudad de Concordia, los saqueos que existieron y destacó que los funcionarios policiales quebrantaron un deber positivo; señaló que los ciudadanos entregamos el monopolio de la fuerza armada a la policía. Citó a Roxin y explicó que lo importante no es el dominio material del hecho y, cuando se trata de una infracción a deberes extrapenales, todos los que quebrantan su deber positivo resultan coautores.-

Lo expuesto, a su criterio, demuestra la absurdidad de los planteos de las defensas recurrentes y aclaró que los policías que no fueron acusados y participaron del hecho no eran los más importantes, una sola vez se traspasa el riesgo permitido y entra a jugar la prohibición de regreso. Agregó que ello no tiene nada que ver con la responsabilidad individual, sobre todo cuando quienes deciden cómo y a quién investigar son los miembros del Ministerio Público, no los defensores.-

Señaló que todos los argumentos en los que se fundan las impugnaciones defensivas son falaces y mencionó que, desde un primer momento se les imputó la comisión del delito de sedición. Los acusados deben asumir las consecuencias de su accionar ilícito, para evitar que otro Gobernador soporte otra rebelión como la acaecida en Concordia.-

V.- Ingresando al examen de las pretensiones esgrimidas en torno de las impugnaciones extraordinarias articuladas, debo aclarar que, sin perjuicio de que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia también fue cuestionada por los defensores Dr. Alejandro María GIORGIO, por los imputados Carlos Daniel ZARAGOZA y Juan Manuel ROSAS; Dr. Enrique

Oscar BACIGALUPPE, por Alfredo Horacio IMAZ, Diego Federico DIFFERDING, Ricardo Hernán PAREDES, José Orlando TRONCOSO, Luis Roberto Jesús CARLINO y Romeo Fabián VALDEZ; Dr. Edelmiro DIAZ VELEZ, por Luis Alberto Gómez; Dr. Gonzalo Martín CANTALLOPS, por Luis Alberto PAREDES, y Dr. Juan José BUKTENICA, por Leandro COUTINHO, Daniel CHÁVEZ, Carlos Alcides ROSAS, Maximiliano Andrés PAREDES, Juan Pedro LACUADRA, Hugo Fabricio TRONCOSO y José María BIDERBOS; emerge claramente de la sentencia de Casación impugnada que su esencial sustento radica casi excluyentemente en el acogimiento del recurso de casación incoado contra aquella sentencia por el Ministerio Público Fiscal, razón por la cual abordaré, en primer lugar, los planteos relativos a la cuestión de la admisibilidad de ese recurso de casación, en función de la expresa previsión contenida en el art. 513 del Cód. Proc. Penal.-

En cumplimiento de ese cometido, cabe recordar que todos los recursos fueron declarados formalmente admisibles (resolución de fecha 29/2/15, fs. 1259) por la Sala Nº 1 de la Cámara de Casación Penal que, en la sentencia obrante a fs.1642/1668vlto., hizo lugar parcialmente al Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y, luego de confirmar la absolución de culpa y cargo por el delito de INSTIGACIÓN A LA COMISIÓN DE DELITOS (art. 209 del Código Penal), declaró a CARLOS DANIEL ZARAGOZA autor material y penalmente responsable del delito de LESIONES LEVES EN RIÑA; y coautor material y penalmente responsable de los delitos de SEDICIÓN AGRAVADA y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, todo ello en concurso ideal (arts. 45, 54, 96, 141, 229 y 235, 1er. y 3er. párrs., del Código Penal), y a Manuel Leandro COUTINHO, José María BIDERBOS, Juan Manuel ROSAS, Daniel Eduardo CHAVEZ, Diego Federico DIFFERDING, Luis Alberto GOMEZ, Juan Pedro LACUADRA, Alfredo Horacio IMAZ, Luis Roberto Jesus CARLINO, José Orlando TRONCOSO, Hugo Fabricio TRONCOSO, Ricardo Hernán PAREDES, Luis Alberto PAREDES, Andrés Maximiliano PAREDES, Carlos Alcides ROSAS y Romeo Fabián VALDEZ, los condenó como coautores materiales y penalmente responsables de los delitos de SEDICIÓN AGRAVADA y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, en concurso ideal (arts. 45, 54, 141, 229 y 235, 1er. y 3er. párrs., del Código Penal) y ordenó remitir las actuaciones al Tribunal de origen para que, en audiencia celebrada al efecto, individualice y determine la pena que resulte adecuada según la nueva calificación legal establecida, y rechazó los recursos de Casación interpuestos por los señores defensores técnicos de los imputados Carlos D. Zaragoza, Juan M. Rosas, Alfredo H. Imaz, Diego F. Differding, Ricardo H. Paredes, José O. Troncoso, Luis R. J. Carlino, Romeo F. Valdez, Luis A. Gómez, Luis A. Paredes, Leandro Coutinho, Daniel Chávez, Carlos A. Rosas, Maximiliano A. Paredes, Juan P. Lacuadra, Hugo F. Troncoso y José M. Biderbos.-

VI.- En el referido contexto situacional, al haberse controvertido puntualmente la legitimación del Ministerio Público Fiscal para impugnar la sentencia del Tribunal de Juicio, resulta necesario recordar lo que expresé ante supuestos similares, en las causas _Coronel_ (resuelta por este Tribunal en sentencia del 6/4/16) y _Favre_ (14/4/16), respecto de que no es posible desconocer el expreso marco de legitimación impugnativa que otorga nuestro Código Procesal Penal vigente al Ministerio Público Fiscal respecto de la sentencia condenatoria que, extendiendo infraconstitucionalmente al órgano de la acusación estatal el derecho -convencional y constitucional- de la persona condenada penalmente de someter esa sentencia a la revisión de un tribunal superior, lo habilita para recurrir las sentencias definitivas y resoluciones equiparables (art. 511, C.P.P.) que importen el dictado de

sobreseimiento, sentencia absolutoria o sentencia condenatoria, cuando la pena aplicada sea inferior a la mitad de la pena pretendida (cfme.: art. 513, C.P.P.) imponiéndole, en este último supuesto, un específico límite que no admite distinción alguna en orden al motivo de la impugnación fiscal de que se trate, toda vez que este puntual extremo del texto de la norma exhibe acabada claridad, resultando categórico e incontrovertible; en tales condiciones es de aplicación al caso la tradicional pauta de hermenéutica que establece que, cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación (cfme.: C.S.J.N.; Fallos, 218:56).-

Resulta así imprescindible, al resolver acerca de la admisión de un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, verificar el monto de pena solicitado y confrontarlo con la impuesta en la sentencia de condena, ya que solamente en el caso que esta última sea inferior a la mitad de la peticionada por aquél será viable la impugnación.-

En el presente caso, la señora Procuradora Adjunta, solicitó en el Juicio (cftr.: fs. 1042/1044 y 1045/1047) la imposición de 7 años de prisión efectiva, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de la condena y accesorias legales para Zaragoza, al considerarlo autor de los delitos de sedición agravada, privación ilegítima de la libertad, instigación pública a cometer delitos y lesiones leves en concurso ideal; propició se condene a Manuel Leandro Coutinho, Luis Alberto Gómez, Juan Manuel Rosas, Diego Federico Differding, José María Biderbos, Juan Pedro Lacuadra, Daniel Eduardo Chavez, Alfredo Horacio Imaz a cumplir la pena de 6 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena y accesorias legales como autores materiales y responsables de los delitos de sedición agravada, privación ilegítima de la libertad e instigación pública a cometer delitos, y para los imputados Hugo Fabricio Troncoso, Romeo Fabián Valdez, Ricardo Hernán Paredes, Maximiliano Andrés Paredes, José Orlando Troncoso, Luis Alberto Paredes, Carlos Alcides Rosas y Luis Roberto Jesús Carlino, peticionó la pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena por la comisión de los delitos de sedición agravada, privación ilegítima de la libertad e instigación pública a cometer delitos.-

A su vez, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Concordia -conformado en la oportunidad por los Dres. Jorge Barbagelata Xavier, Silvina Gallo y Darío Perroud- resolvió imponer a Carlos Daniel Zaragoza, Manuel Leandro Coutinho y José María Biderbos la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por nueve años y accesorias legales, por el delito de sedición agravada por la condición de funcionario público (arts. 45, 229 y 235. 1er. párr., del Cód. Penal); a Juan Manuel Rosas, Daniel Eduardo Chavez, Diego Federico Differding, Luis Alberto Gómez, Juan Pedro Lacuadra y Alfredo Horacio Imaz, los condenó a cumplir cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por ocho años y accesorias legales, por el delito de sedición agravada por la condición de funcionario público (arts. 45, 229 y 235. 1er. párr., del Cód. Penal); a Luis Roberto Jesús Carlino, José Orlando Troncoso, Hugo Fabricio Troncoso, Ricardo Hernán Paredes, Luis Alberto Paredes, Andrés Maximiliano Paredes, Carlos Alcides Rosas y Romeo Fabián Valdez les aplicó la pena de tres años y seis meses de prisión de

cumplimiento efectivo, inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por siete años y accesorias legales, por el delito de sedición agravada por la condición de funcionario público (arts. 45, 229 y 235. 1er. párr., del Cód. Penal); además, absolvió de culpa y cargo a Carlos Daniel Zaragoza, Manuel Leandro Coutinho, José María Biderbos, José Orlando Troncoso, Ricardo Hernán Paredes, Diego Federico Differding, Luis Alberto Gómez, Andrés Maximiliano Paredes, Alfredo Horacio Imaz, Hugo Fabricio Troncoso, Daniel Eduardo Chávez, Carlos Alcides Rosas, Luis Roberto Jesús Carlino, Romeo Fabián Valdez y Juan Manuel Rosas, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes, robo, lesiones leves reiteradas -dos hechos- e instigación a la comisión de delitos.-

Emerge incontrastable del simple cotejo del monto de las penas solicitadas por la Fiscalía con las impuestas en el pronunciamiento condenatorio, que estas últimas son superiores a la mitad de las peticionadas por la representante del Ministerio Público Fiscal en el alegato acusatorio efectuado en el juicio y, por ende, el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal resulta palmariamente inadmisible (cfme.: art. 513, Cód. Proc. Penal).-

En este contexto, cabe reparar que los representantes de la acusación pública pretenden sortear el señalado obstáculo procesal, alegando que el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia también absolvió a los encausados por los delitos de daño calificado, peculado de bienes, robo, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves reiteradas e instigación a la comisión de delitos, resaltando que el artículo 513 del CPPER sólo limita el recurso fiscal en los casos de sentencia condenatoria, pero no establece límite alguno frente a una sentencia absolutoria, y se recurrió, precisamente por esas absoluciones.-

Esta argumentación encierra una falacia racionalmente inaceptable, pues el órgano acusador cuestiona la calificación otorgada a delitos que fueron objeto de la condena y basa su disconformidad con el fallo dictado por el Tribunal de Juicio en la supuesta infracción a las reglas del concurso ideal, precisando, en el libelo obrante a fs. 1233/1249vlto. que se acusó por un solo hecho que resulta abarcado por una pluralidad de subsunciones o valoraciones típicas y que el delito de sedición abarca en "abrazadera" a todos los hechos que lo componen, por lo que se imputó un único sustrato fáctico insusceptible de ser partido o seccionado como hizo el sentenciante. Mas, durante la audiencia celebrada el 4/4/18 al intentar rebatir el planteo de las defensas relativo a la inadmisibilidad del recurso de casación, fracciona los sucesos, analizándolos separadamente, en franca contradicción con la interpretación de los hechos y las normas penales en juego que propuso en su recurso.-

Pero, además de ello y por sobre todo los argumentos esgrimidos, deviene incontestable que el recurso de la Fiscalía no se limita a cuestionar las mencionadas absoluciones, sino que, a través de ellas, critica en esencia la condena por sedición agravada por la condición de funcionarios públicos de los encartados, peticionando que se aplique, además, la figura agravada del artículo 235, inc. 3º, del Código Penal, lo que evidencia su subrepticio propósito de ignorar la concreta y clara disposición del artículo 513 del la ley ritual, impugnando una condena que, en definitiva, no es inferior a la mitad de la solicitada.-

La impugnación casatoria de la acusación pública fue receptada -en sus partes

más trascendentes- por el Tribunal de Casación, organismo que agravó las calificaciones jurídicas otorgadas por el Tribunal de Juicio a las conductas endilgadas a los imputados, por las cuales dictó condenas, verificándose así la violación del límite establecido por el artículo 513 del Cód. Proc. Penal.-

A esta altura del análisis, necesario resulta consignar que tal restricción procesal parte de la idea de que el Estado, como titular del ius puniendi, puede autolimitar el ejercicio de la acción impugnativa para los casos de mayor relevancia punitiva, porque el Ministerio Público Fiscal es un órgano estatal y no una persona (artículo 1º, Convención Americana de Derechos Humanos), su capacidad recursiva es consecuencia de una atribución normativa y carece de la jerarquía constitucional otorgada en favor del condenado como derecho al recurso o al doble conforme. La postura que sustento ha sido avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, armónicamente con lo expresado, en los casos _Giroldi_ (Fallos, 318:514) y _Arce_ (Fallos, 320:2145).-

No obstante, cabe advertir que aunque se incorpore otro elemento de valoración y, en términos fijados por el Cimero Tribunal Federal -_Strada_ (Fallos, 308:490) y _Di Mascio_ (Fallos, 311:2478)- la restricción resulte legítima cuando las objeciones se vinculan con cuestiones de derecho común o de procedimiento, pero no cuando lo que se pretende es el examen de un agravio de naturaleza federal, porque si bien las Provincias pueden crear las instancias judiciales que consideren apropiadas, cuando exista una cuestión constitucional a resolver no pueden vedar el acceso a la Corte Suprema, intérprete final de la Constitución Nacional, en el presente caso, el Ministerio Público Fiscal cuestiona la falta de aplicación de las normas relativas al concurso ideal de delitos, la violación de las reglas de la coautoría, solicita la subsunción de las conductas en la figura agravada de sedición (prevista en el artículo 235, inc. 3º, del Cód. Penal) y la revocación de las absoluciones por los delitos de instigación a cometer delitos, privación ilegítima de la libertad y que se condene al acusado Zaragoza también por la comisión del delito de lesiones leves, surgiendo indubitable de lo expuesto que los planteos se refieren exclusivamente a cuestiones relativas a la interpretación y alcances de las normas penales (C.S.J.N., Fallos: 293:677, 294:295, 300:575 y 1170), ajenas por definición a la competencia excepcional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no surge planteada en debida forma una cuestión que pudiera habilitar en la especie una excepción a la regla del artículo 513 del Cód. Proc. Penal.-

En torno de esta especial cuestión, es menester resaltar que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre el tema planteado en la ya citada causa _Favre_, declarando inadmisible el recurso extraordinario federal incoado por el Procurador General de la provincia (C.S.J.N., sentencia del 10/8/17), convalidando de ese modo la doctrina jurisprudencial allí fijada y que resulta aplicable al presente caso.-

Resulta destacable también que la Cámara de Casación Penal en la causa _Capovila_, sentencia de fecha 1º/2/18, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, atento a que la pena impuesta al imputado era superior a la mitad de la pretendida por la acusación pública y se descartó la existencia de una cuestión constitucional. Esa decisión no fue cuestionada por el Ministerio Público Fiscal.-

 

VII.- En definitiva, necesario es precisar que la ley es clara y, se comparta o no la limitación que establece o, incluso, que tenga la acusación derecho al recurso contra la sentencia definitiva, debe ser estrictamente observada y aplicada en consecuencia, sin distinguir donde ella no lo hace; _la impugnación que el fiscal puede interponer contra la sentencia definitiva no se inscribe en el ámbito del recurso entendido como garantía judicial a que aluden los instrumentos elevados a rango constitucional tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello es una consecuencia de la naturaleza misma de esos tratados, donde se enumeran derechos y prerrogativas reconocidos a las personas como un límite frente a la autoridad del Estado_ (cftr.: Fleming, A. _ López Viñals, P.; _Garantías del Imputado_, pág. 414, Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007).-

VIII.- De conformidad con todo lo precedentemente expresado, no puedo sino concluir que el fallo casatorio impugnado padece un vicio esencial al centrarse -básicamente- en el tratamiento y acogimiento del recurso del Ministerio Público Fiscal que se revela erróneamente admitido por la Cámara de Casación desconociendo lo inequívocamente establecido en el art. 513 del Cód. Proc. Penal y resolviendo en contra de lo legislado en dicha norma ritual y si bien se expide rechazando los restantes recursos articulados por las defensas técnicas de los imputados, su fundamento y conclusión sobre ellos se revela como una necesaria consecuencia del resultado al que arriba el pronunciamiento respecto de la impugnación de la acusación pública; por consiguiente, sintetizo mi sufragio a esta primera cuestión proponiendo hacer lugar a las impugnaciones extraordinarias deducidas por los imputados Juan Manuel Rosas, Hugo F. Troncoso, Romeo F. Valdez, José O. Troncoso, Ricardo H. Paredes, Horacio A. Imaz, Luis A. Gómez, Carlos Daniel Zaragoza, Leandro Coutinho, Daniel Chavez, Carlos Rosas, Maximiliano A. Paredes, Juan P. Lacuadra, José Biderbos y Luis A. Paredes contra la sentencia de fs. 1642/1668vlto., dictada por la Sala Nº 1 de la Cámara de Casación Penal que, por lo expresado, corresponde anular, declarar mal admitido a fs. 1259 por el tribunal a quo el recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal y disponer el reenvío de las actuaciones al tribunal recurrido, a fin de que, debidamente integrado, se pronuncie acerca de los recursos de casación articulados por las defensas técnicas de los acusados en aras a salvaguardar su derecho al doble conforme, deviniendo abstractos los agravios expresados en sus respectivas impugnaciones extraordinarias.-

Así voto.-

El señor Vocal Dr. GIORGIO, a la misma cuestión, dijo:

Las sólidas razones que ha vertido el distinguido colega en el voto que antecede conducen necesaria e inevitablemente a la conclusión a la que arriba, motivo por el cual no puedo más que adherir íntegramente y sin reserva alguna a los fundamentos y solución que se propone.

Sin perjuicio de ello, a mayor abundamiento, es bueno recordar aquí lo que este Tribunal -con diferente integración pero en igual sentido- ha resuelto en los autos "Coronel, Mario Cesar - Abuso Sexual Reiterado - Recurso de Casación - Impugnación Extraordinaria" (6/4/16) donde se receptó el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vertido en el precedente "Arce" que cita el colega preopinante.

A riesgo de ser reiterativo, cabe tener presente que en dicho pronunciamiento la Corte ha dicho a las claras y en forma categórica que "... las garantías

emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano y no para beneficio de los estados contratantes ..." señalando seguidamente, que "... la garantía del derecho a recurrir ha sido consagrada sólo en beneficio del inculpado. Cabe concluir, entonces, que en tanto el Ministerio Público es un órgano del Estado y no es el sujeto destinatario del beneficio, no se encuentra amparado por la norma con rango constitucional, sin que ello obste a que el legislador, si lo considera necesario, le conceda igual derecho...".

En el mismo precedente se dijo asimismo, ante la tacha de inconstitucionalidad del art. 458 del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto no se concede al Ministerio Público el derecho de recurrir por vía de casación, que "... es preciso señalar que el derecho a la doble instancia no reviste jerarquía constitucional. En este sentido, existe reiterada jurisprudencia de esta Corte que afirma que el adecuado respeto a la garantía del debido proceso sólo exige que el litigante sea oído con las formalidades legales y no depende del número de instancias que las leyes procesales reglamentando esta garantía constitucional, establezcan según la naturaleza de las causas (confr. Fallos: 126:114; 127:167; 155:96; 223:430; 231: 432; 289:95; 298:252 entre otros)...".

No obstante ello, puso especialmente de resalto que "... esta regla ha quedado limitada por la reforma constitucional de 1994, que consagra expresamente el derecho del inculpado de "recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" (confr. art. 8°, párrafo 2°, inc. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Por consiguiente es voluntad del constituyente rodear a este sujeto de mayores garantías sin que sea posible concluir que esta diferencia vulnere la Carta Magna, pues es una norma con jerarquía constitucional la que dispone tal tratamiento...".

Por último, en el mismo precedente se dijo de igual modo que "... el Estado -titular de la acción penal- puede autolimitar el "ius persequendi" en los casos que considere que no revisten suficiente relevancia como para justificar su actuación. En tales condiciones, el fiscal debe ejercer su pretensión en los términos que la ley procesal le concede. Por ello, no puede considerarse inconstitucional la limitación de la facultad de recurrir del Ministerio Público cuando se verifique un supuesto como el previsto por el art. 458 del Código Procesal Penal de la Nación en la medida en que, en las particulares circunstancias del sub lite, no se ha demostrado que se haya afectado la validez de otras normas constitucionales ..." (conf. fallo citado - 14/10/97).

De acuerdo a este precedente, puede decirse entonces que en el art. 513 de nuestro Código Procesal Penal existe una indiscutible autolimitación del Estado al disponer una concreta restricción a las posibilidades recursivas del Ministerio Público Fiscal, restricción ésta que, en el caso de sentencias de condena, ha sido establecida en función de una determinada medida de aceptación de la pretensión punitiva introducida en la etapa de la discusión final. En este sentido, el legislador ha fijado como límite objetivo y sin que amerite discusión alguna al respecto, de acuerdo al grado de acogimiento que tenga esa pretensión, la existencia de una pena inferior a la mitad de lo pretendido, como única hipótesis válida, para hacer posible la apertura de la vía recursiva.

Aquí, en el caso que nos convoca, se ha dictado una sentencia de condena que recepta en gran medida la pretensión punitiva deducida por el Ministerio Público Fiscal, es decir, en un monto superior a la mitad de lo pretendido,

por lo que coincido con el Sr. Vocal preopinante en cuanto a que los argumentos que ha desgranado la Fiscalía en el informe producido en la pasada audiencia encierran una falacia inaceptable, una ocurrente argucia para tratar de superar esa barrera infranqueable que impide la apertura del recurso, en cuanto aducen que están recurriendo la parte absolutiva de la sentencia pero, en definitiva, están cuestionando la calificación otorgada a delitos que fueron objetos de condena y disconformándose con una supuesta infracción a las reglas del concurso ideal, careciendo en este caso por lo que se ha visto de legitimación para recurrir.

De acuerdo al temperamento que en este caso debe adoptarse, es decir, de revocarse la sentencia del Tribunal de Casación por el vicio inicial incurrido con la indebida admisión del recurso del Ministerio Fiscal y al que se dedicó el mayor tratamiento, los restantes agravios que han deducido los Sres. Defensores deberán ser tratados por ese Tribunal pero con una nueva integración a fin de garantizar a los imputados una revisión plena e integral de la sentencia de grado.

En definitiva, por los argumentos expuestos, adhiero en consecuencia en su totalidad a los fundamentos y solución que propone el Sr. Vocal preopinante en su pronunciamiento.

Así voto.-

A su turno, la señora Vocal, Dra. MIZAWAK, a la misma cuestión propuesta, DIJO:

I.- El Señor Vocal de primer orden -Dr. Carubia- reseñó suficientemente los antecedentes relevantes del caso y las posturas argumentales de las partes y, a fin de evitar innecesarias reiteraciones, me remito a lo allí consignado.-

II.- Ingresando al tratamiento de la controversia planteada, no puedo dejar de resaltar que, la cuestión a dilucidar en el sub lite difiere sustancialmente del supuesto de hecho planteado en el caso "Favre", resuelto por este Superior Tribunal en fecha 16 de abril de 2016, en el cual expresé mi postura minoritaria respecto al límite establecido en el artículo 513 del C.P.P.E.R., porque en esta causa, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Concordia, en la sentencia dictada el 1º de julio de 2015 resolvió absolver de culpa y cargo a Carlos Daniel Zaragoza, Manuel Leandro Coutinho, José María Biderbos, José Orlando Troncoso, Ricardo Hernán Paredes, Juan Pedro Lacuadra, Luis Alberto Paredes, Diego Federico Differding, Luis Alberto Gómez, Andrés Maximiliano Paredes, Alfredo Horacio Imaz, Hugo Fabricio Troncoso, Daniel Eduardo Chávez, Carlos Alcides Rosas, Luis Roberto Jesus Carlino, Romeo Fabián Valdez y Juan Manuel Rosas, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes, robo, lesiones leves reiteradas -dos hechos- e instigación a la comisión de delitos.-

La mencionada absolución habilitó formalmente la capacidad recursiva del Ministerio Público Fiscal, toda vez que el artículo 513 del digesto procesal no establece límite alguno cuando la impugnación fiscal se dirige a cuestionar una sentencia absolutoria.-

III.- Sentado ello, y en relación con la concreta discusión en torno a la legitimación del Ministerio Público Fiscal para cuestionar la condena por sedición agravada (arts. 229 y 235, primer párrafo, del C. Penal) resuelta por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia en virtud de lo establecido por el artículo 513 del CPPER (según ley 10.317), al ya estar definida la resolución de este caso -frente a la coincidencia entre los vocales que

me precedieron en la votación- considero conveniente abstenerme de emitir opinión.-

Así voto.-

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL DR. CARUBIA, DIJO:

Las costas de esta etapa impugnativa deben declararse de oficio (arts. 583 sgts. y cdts., C.P.P).-

La lectura íntegra de la sentencia cabe concretarla, por razones de posibilidades en el organigrama de tareas de este Tribunal y sus miembros, el día 4 de mayo de 2018 a las 12:30 horas.-

Tal es mi voto.-

El señor Vocal, Dr. Giorgio, dijo que adhiere al voto que antecede por análogas consideraciones, mientras que la señora Vocal, Dra. MIZAWAK, sobre la cuestión propuesta, manifestó:

Que, existiendo coincidencia de los señores Vocales que me preceden en la votación, hago uso de la facultad de abstención que me confiere el art. 33, última parte, de la L.O.P.J. _texto según Ley Nº 9234-.-

Con lo cual se dio por terminado el acto, quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: DANIEL O. CARUBIA

MIGUEL A. GIORGIO CLAUDIA M. MIZAWAK

 

S E N T E N C I A:

PARANA, 4 de mayo de 2018.-

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) HACER LUGAR a las impugnaciones extraordinarias deducidas a fs. 1675/1682, 1685/1694vlto., 1696/1703, 1704/1708 y 1710/1713 por los imputados Juan Manuel Rosas, Hugo F. Troncoso, Romeo F. Valdez, José O. Troncoso, Ricardo H. Paredes, Horacio A. Imaz, Luis A. Gómez, Carlos Daniel Zaragoza, Leandro Coutinho, Daniel Chávez, Carlos Rosas, Maximiliano A. Paredes, Juan P. Lacuadra, José Biderbos y Luis A. Paredes, contra la sentencia de fs. 1642/1668vlto. dictada por la Sala Nº 1 de la Cámara de Casación Penal, la que, en consecuencia, se anula declarándose mal admitido a fs. 1259 el recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal a fs. 1233/1249vlto.-

2º) REENVIAR las presentes actuaciones a la Sala Nº 1 de la Cámara de Casación Penal de esta Capital, a fin de que, debidamente integrada, se pronuncie acerca de los recursos de casación articulados por Carlos Daniel ZARAGOZA, Juan Manuel ROSAS, Alfredo Horacio IMAZ, Diego Federico DIFFERDING, Ricardo Hernán PAREDES, José Orlando TRONCOSO, Luis Roberto Jesús CARLINO, Romeo Fabián VALDEZ, Luis Alberto GOMEZ, Luis Alberto PAREDES, Leandro COUTINHO, Daniel CHÁVEZ, Carlos Alcides ROSAS, Maximiliano Andrés PAREDES, Juan Pedro LACUADRA, Hugo Fabricio TRONCOSO y José María BIDERBOS.-

3º) ESTABLECER las costas de oficio (art. 583, sgtes. y cdtes., C.P.P.).-

4º) DEJAR CONSTANCIA que no se regulan los honorarios profesionales de los letrados intervinientes por no haberlos peticionado expresamente -art. 97 inc. 1º del Decreto Ley Nº 7046/82, ratificado por Ley Nº 7503-.

5º) FIJAR la audiencia del día 4 de mayo de 2018 a las 12:30 horas para la lectura íntegra de los fundamentos de la sentencia.

Protocolícese, notifíquese en la forma de estilo y, oportunamente,

bajen mediante atenta nota de Secretaría.-

Firmado: DANIEL O. CARUBIA

MIGUEL A. GIORGIO CLAUDIA M. MIZAWAK

 

Ante mí: NOELIA VIRGINIA RIOS -SECRETARIA-

***ES COPIA***